A través de un comunicado a la opinión pública, el Colectivo de Residentes Somos Centro Histórico denunció presuntas remodelaciones ilegales en algunos predios de ese sector de Cartagena. Aseguran que se estarían realizado obras sin la debida autorización o supervisión de las autoridades patrimoniales.
Cabe señalar que este año las acciones adelantadas en el marco del Plan Titán han repercutido en el cierre de varios establecimientos en la zona. La Alcaldía, por medio de la Dirección de Control Urbano, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Inspección de Policía viene fortaleciendo el control sobre inmuebles deteriorados o que han adelantado intervenciones de tipo arquitectónico sin los permisos respectivos en el Centro Histórico. No obstante, para el Colectivo Somos Centro Histórico es imprescindible tener en cuenta también los trabajos que se hacen al interior y exterior de algunos predios.
“El Centro está desbordado de obras ilegales. Solicitamos medidas urgentes porque estas son obras que luego espantan a los visitantes. Queremos llamar la atención porque este puede ser un tema que le da origen a la explotación sexual; algunos de estos inmuebles pueden ser transformados o convertidos en cabarets bajo la fachada de supuestas casas en alquiler que tienen sus plataformas propias similares a Airbnb. Son casas que tienen un uso del suelo que no está autorizado y que muchas veces hasta les ponen piscinas”, señalaron. Lea también: Video: protesta en Pablo Sexto por muerte de habitante que tocó cable de alta tensión
También consideran que el proceso para hacer reportes en la página de la Alcaldía pude mejorar, pues para ellos la metodología usada en la administración anterior era más ágil: disponían de una aplicación que habilitaba un chat de respuesta inmediata, donde incluso podían hacer denuncias sin comprometer sus identidades, contrario a los tiempos de respuesta que deben esperar en la actualidad.
“Antes teníamos un chat de respuesta inmediata donde adjuntábamos fotos con la denuncia y posteriormente las autoridades se acercaban al lugar para percatarse, pero actualmente uno radica un derecho de petición en la página de la Alcaldía y en 48 horas llega el radicado y la respuesta tarda 30 días hábiles. Pasan los meses y terminan las obras sin que las entidades actúen; un inmueble lo transforman en cuestión de días, o incluso de horas. La Unesco ha insistido en que la comunidad debe ser parte activa en las políticas de protección al patrimonio y esto no se está cumpliendo. El Distrito tiene los recursos económicos para hacerlo, ya no hay excusas”, puntualizó el colectivo.
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IPCC responde
A través de su División de Patrimonio, el IPCC informó que en lo transcurrido del 2024, a corte del pasado 28 de mayo, ha impulsado 41 de un total de 138 procesos administrativos sancionatorios vigentes contra propietarios de inmuebles en el Centro Histórico. De esos 41 procesos, ocho corresponden a 2024, doce a 2023 y nueve a 2022.
Además, registran 17 indagaciones preliminares vigentes en aras de establecer los méritos para iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Este tipo de proceso es el mecanismo que la ley otorga a las dependencias que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control a inmuebles en el Centro Histórico, para que procedan a sancionar a sus propietarios por la acción u omisión de los deberes u obligaciones legales a las que están sometidos en el sector patrimonial.
El IPCC informó a la ciudadanía que todo proceso administrativo sancionatorio consta de varias etapas e inicia con una indagación preliminar, y si hay méritos, continúa con la formulación de cargos, seguida de la etapa probatoria y de alegatos de conclusión, para determinar si se procede o no con una sanción, que puede ser elevada a una segunda instancia.
La directora del IPCC, Lucy Espinosa, informó: “Desde el primero de enero y hasta el 13 de mayo nuestro equipo técnico de Patrimonio ha realizado 71 visitas programadas a inmuebles en el Centro Histórico de Cartagena. Estas visitas las programamos por control, designación, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, y tras los informes de cada una de ellas determinamos la necesidad de abrir un proceso administrativo sancionatorio. Los sancionados podrían pagar hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Lea también: En Bajo del Tigre esperan que ahora sí les retiren el tanque elevado
Desde la Dirección de Control Urbano, Emilio Molina, aseguró: “Venimos trabajando una ruta para la gestión de los inmuebles deteriorados, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, el alcalde de la Localidad 1, IPCC e Inspección de Policía. Con esta ruta hemos adelantado un inventario que actualmente consta de 79 inmuebles, que presentan una condición de riesgo de alguno de sus elementos o una condición que amenaza ruina. Y, aparte de este inventario que hemos unificado entre todas estas dependencias, hemos procedido a hacer recorridos para señalizar los inmuebles y de esta manera advertirle a la ciudadanía sobre el estado en que se encuentran para evitar que puede ocurrir un siniestro que afecte a alguna persona”.
Además, Molina señaló: “Estamos trabajando por todos los frentes, tratando de mejorar en la seguridad jurídica de los proyectos que se adelanten en el Centro Histórico, pero también de optimizar las herramientas de control que tenemos a nuestra disposición para evitar lo que ha sucedido durante muchos años, que es la propagación de obras ilegales”.