El mayor reto del próximo alcalde de Cartagena será tan preciso como escabroso: gobernar para empezar a superar la crisis y corregir el rumbo.
El desafío implica pasar de generalidades programáticas a acciones concretas fundamentadas en la priorización, y demostrar a los cartageneros que el gobierno entrante cuenta con la reserva moral, el equipo humano y los recursos financieros para empezar la transformación.
Las anteriores son algunas de las conclusiones de la “Agenda de gobierno prioritaria para una ciudad en crisis”, un documento de lectura obligada que sintetiza el ejercicio de reflexión y las propuestas de una veintena de organizaciones y actores sociales de Cartagena.
¿Qué motivó esta reacción? Los resultados del último informe de Cartagena Cómo Vamos (CCV) prendieron las alarmas al revelar un retroceso en la calidad de vida en 2012, y abrieron paso al consenso de que deben emprenderse acciones que enderecen el camino.
Pero hasta ahora las propuestas de los candidatos a la Alcaldía en el debate electoral no generan optimismo: ninguno ha revelado sus áreas prioritarias de intervención (por ejemplo, ¿qué harán para recuperar el terreno perdido en la lucha contra la pobreza extrema?). Más notorio aún, no se sabe qué políticas adoptarán y cuántos recursos tendrán para actuar.
No sólo no han ilustrado sobre cómo y con qué lo harán. Tampoco sobre la implementación de planes y programas en el marco poco flexible que impone la Ley de Garantías, que limitará la ejecución de la próxima administración distrital durante siete de sus 30 meses de gobierno.
Tanto o más que la incertidumbre programática, existe otra más notoria: los recursos de financiación. Los desafíos estructurales –vivienda, drenajes pluviales, obras contra cambio climático, cobertura y calidad educativa, vías internas– requieren hoy inversiones superiores a $3,5 billones de pesos. Pero la capacidad de nueva inversión con recursos propios no supera los $250 mil millones anuales.
Como se plantea en la citada agenda de gobierno, las fuentes dependerán del acceso a empréstitos con la banca de desarrollo nacional e internacional, de los fondos del Sistema General de Regalías y de la mayor capacidad fiscal generada autónomamente (vía mayor recaudo de predial e industria y comercio y/o reforma tributaria).
Sin embargo, el recaudo local será insuficiente hasta 2015 para atender las crecientes demandas sociales. ¿Será imperativo un mayor endeudamiento nacional? ¿O la refinanciación de la deuda con el Banco Mundial, que vence en 2017? ¿O la emisión de bonos de deuda, como lo hará Barranquilla? ¿Se lograría la ejecución de estos proyectos con fondos de regalías?
Las cartas no están marcadas. Que la política no sea el arte de sumar votos; más bien de lograr lo que parece imposible.
*Profesor, Programa de Economía, UTB
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