Por decisión de un juez de los Estados Unidos, se negó la pretensión de la
que la culpan de financiar a los grupos paramilitares, los cuales asesinaron a sus familiares en la década de los noventa y en el año 2004.
El concepto fue emitido por el Juez del distrito de la Florida, Kenneth Marra, quien dejó en firme los argumentos de tortura, asesinato extrajudicial, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la empresa.
Sin embargo, Marra aceptó la petición de Chiquita de rechazar algunos alegatos de los demandantes como la petición de que se le juzgara por terrorismo, pues presuntamente suministró apoyo material a terroristas; así como la solicitud de juzgamiento por trato cruel e inhumano y violación de los derechos a la vida, la seguridad personal, la libertad y la asociación pacífica.
Luego de conocer esta decisión, Chiquita Brands anunció que continuará con su defensa frente a las "falsas acusaciones y demandas sin mérito (de parte de los demandantes)" y que por ello tratarán “de apelar el fallo del tribunal, pero si el caso llega a la fase probatoria, demostrará que las acusaciones en contra de Chiquita son falsas"
Señala la multinacional, en un comunicado de ocho puntos, que los demandantes nunca podrán probar que Chiquita compartió los objetivos criminales de las AUC, pues los pagos que hizo la multinacional al grupo armado ilegal "fueron producto de la extorsión y se realizaron para evitar retaliaciones contra los empleados de Chiquita".
La empresa finalizó diciendo que "Chiquita y sus trabajadores fueron víctimas. Los grupos violentos armados de la izquierda y la derecha extorsionaron a Chiquita, y amenazaron, secuestraron y mataron a sus trabajadores."