Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, al menos 150 paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron a sangre y fuego a El Aro, un corregimiento de Ituango (Antioquia), asesinaron y torturaron a al menos doce personas y desplazaron a más de mil cuatrocientas.
La justicia colombiana tardó en investigar lo sucedido. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por su negligencia y por su responsabilidad en la conocida históricamente como masacre de El Aro. Una de las órdenes fue investigar “eficazmente” hasta dar con quienes fueron responsables.
Desde entonces, la justicia ordinaria y la transicional han asumido esfuerzos por determinar plenamente qué ocurrió. Una de las entidades encargadas, por su rol como máximo ente judicial respecto a lo sucedido en el conflicto armado, es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que este martes sumó unas páginas más en su expediente.
Ciatan a nueve exparamilitares
La JEP citó a nueve exparamilitares a rendir bajo reserva un testimonio “que permita recoger más información sobre la planeación y ejecución de las masacres de La Granja y El Aro”. Los nueve testigos fueron convocados en el macrocaso 08, con el que la Jurisdicción investiga las alianzas entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo.
Según un comunicado de la Jurisdicción, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que construye el Caso 08 de la mano del magistrado Óscar Parra, citó a los exparamilitares “con el fin de obtener y contrastar información relevante y adicional a la suministrada en sentencias de Justicia y Paz”.
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Entre los nueve citados se encuentra Luis Guillermo Ángel Restrepo, conocido como ‘Guillo Ángel’, quien ha sido señalado por antiguos paramilitares por recabar información que llevó a la masacre de Las Juntas en 1996, una operación para liberar, junto a Diego Murillo, ‘Don Berna’, a los hijos del narcotraficante Gustavo Upegui.
Además, aparece el nombre de Rigoberto Balcázar, alias ‘Negro Pepe’; Eucario Macías Mazo, ‘NN, condenado en 2007 y 2008 por Justicia y Paz a 256 meses de prisión por su participación en la masacre de La Granja; Roberto Porras, ‘La Zorra’ o ‘Calabozo’, exguerrillero del ELN y exparamilitar, y Luis Alfonso Díaz Pinto, ‘Yoli’.
La citación para ‘Yoli’ llegó a finales de mayo. Díaz, quien comandó al grupo de paramilitares que perpetró la masacre de El Aro en octubre de 1997, fue llamado para ayudar a esclarecer los vínculos que la Fuerza Pública y el paramilitarismo sostuvieron a lo largo del conflicto armado.
Mente detrás del crimen
El crimen, perpetrado hace casi veintisiete años, fue organizado desde 1996 por Carlos Castaño, quien además le ordenó a Ramiro Vanoy, del Bloque Mineros, reunir al menos a cincuenta de sus hombres para arribar a la población, señalada falsamente de ayudar a la guerrilla. ‘Yoli’ fue quien comandó a esos cincuenta.
La lista expuesta este martes es completada por José Higinio Arroyo Ojeda, conocido como ‘8-5′, ‘Caballo’ o ‘Julián’, quien fue parte del Frente 18 de las extintas Farc en Tierralta (Córdoba) y luego desertó para unirse al Bloque Mineros; Orlando Mazo Mazo; Gilberto Tamayo Rengifo, y Rolando Lopera Muñoz, quien además es exmilitar.
El grupo de ocho citados se suma a su excomandante, Salvatore Mancuso. En abril, la Sala de Reconocimiento citó a Mancuso por primera vez como compareciente. En su declaración, Mancuso deberá responder por las relaciones que grupos paramilitares tuvieron con la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles.
Y sobre todo, el exjefe paramilitar tendrá que contar lo que le conste sobre cómo esos vínculos derivaron en la masacre de La Granja, perpetrada en junio de 1996, y en la de El Aro, ejecutada en octubre de 1997 en Ituango. Se espera que Mancuso participe en otros Casos de la JEP, como el 03, que investiga ‘falsos positivos’.
“Mancuso también deberá brindar información sobre la consolidación de las Convivir y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales”, precisó la Jurisdicción Especial a través de un comunicado.
El órgano de justicia transicional le mostrará al cordobés informes de organizaciones de víctimas, sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la jurisdicción ordinaria y más documentos con pruebas y testimonios que explicarían cómo se planearon y ejecutaron dos masacres más emblemáticas del país.
“Los llamados a rendir versión en la JEP hacen parte del proceso dialógico que, fundamentados en el principio de administrar justicia orientada a la acción sin daño, pueden llevarse a cabo en absoluta reserva”, acotó la Jurisdicción, que añadió que la información de Mancuso será “un insumo adicional” para contrastar en el Caso 08.
El deber de Mancuso, esencialmente, es complementar la información que le entregó a la JEP a cambio de ser recibido excepcionalmente como “bisagra o punto de conexión” entre las fuerzas estatales y el paramilitarismo. El año pasado, en una audiencia de aporte a la verdad, el exparamilitar reveló detalles que la Jurisdicción notó inéditos.
Aporte novedoso de Mancuso
Como aporte “novedoso”, narró la Jurisdicción en la resolución que lo admitió, Mancuso se refirió a las responsabilidades repartidas entre los paramilitares y los militares para poder perpetrar a comodidad el crimen en El Aro. Según su testimonio, la Fuerza Pública incluso bloqueaba vías de acceso y escape.
“Hubo coordinación con Fuerza Pública. Esa coordinación incluyó que ellos bloqueaban” las vías, admitió el exparamilitar. “No permitían la movilidad por ciertos corredores para ingresar a esa zona”, a la que solo se podría entrar “a través de mulares, equinos o a pie o en helicóptero”. “No había una opción diferente”, remachó.
Según lo que le dijo a la Jurisdicción, Salvatore Mancuso se reunió con altos mandos militares de la Brigada IV para planear la masacre de El Aro. En los cónclaves “fungió como punto de contacto entre los dos actores armados para la organización de esa operación conjunta”, aseveró la JEP.
Un ejemplo de los vínculos entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo fue la presencia de cuatro helicópteros que sobrevolaron el territorio durante la masacre. Uno pertenecía a los paramilitares y era conducido por el propio Mancuso, otro era del Ejército, el tercero era de la Gobernación de Antioquia y el cuarto, de las Farc.
La Gobernación de Antioquia estaba ocupada por Álvaro Uribe Vélez. Según los aportes reservados de Mancuso en la JEP, el expresidente “siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, pues incluso envió a Pedro Juan Moreno, su entonces secretario de Gobierno, a reunirse con el exjefe paramilitar. Uribe siempre lo ha negado.
“La articulación de dichas aeronaves y la ausencia de un control aéreo por parte de las autoridades competentes son un aporte novedoso que supera lo señalado por el solicitante en comparecer ante otros órganos de justicia”, señaló la JEP. Es decir, es un punto que la justicia en años anteriores no había investigado.
Las masacres de Ituango y otras perpetradas por el paramilitarismo y la Fuerza Pública “tuvieron como objeto y resultado el desplazamiento de la población civil, campesinos, miembros de comunidades indígenas, afrocolombianos, entre otros”, lo que fortaleció la influencia “electoral e institucional” del paramilitarismo.
Por ello, y por la vigilancia internacional, la justicia sigue en mora, pero sostiene la obligación de determinar las máximas responsabilidades e impedir la impunidad. Salvatore Mancuso y, por ahora, nueve exparamilitares más podrían seguir forjando el camino para otorgar respuestas anheladas por las víctimas.