Transcurrió un nuevo capítulo del problema de las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe. Este jueves 30 de mayo se cumplió la cita entre el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho; el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz; el gobernador de Bolívar, Yamil Arana; el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga; el gerente de EPM, Jhon Maya Salazar y el gerente de Afinia, Jhon Jairo Granada, en el Palacio de la Aduana, de Cartagena.
La reunión, denominada Encuentro Regional de Justicia Tarifaria, tuvo la participación activa de todos los actores antes mencionados, siendo Afinia uno de los principales y más álgidos expositores en el auditorio. Sobre todo, por las cifras expuestas ante la opinión pública, con las cuales, a simple vista, intentó demostrar que los usuarios serían uno de los principales responsables de lo que está sucediendo con el alza en las tarifas.
De acuerdo al informe presentado por el gerente de Afinia, Jhon Jairo Granada, solo un 54% del total de los usuarios de los cinco departamentos donde operan (Magadalena, Sucre, Bolívar, Córdoba y Cesar) estaría pagando el recibo de energía, mientras que el 46% restante, entre tanto, estaría robando el servicio o evadiendo su pago.
En otras palabras, -más técnicas- en abril, por ejemplo, reportaron una pérdida de 260 millones de KV/H, de los cuales solo recargaron 75 millones de KV/H a la tarifa de los usuarios, como parte de la regulación de la opción tarifaria que les permite recuperar parte de sus pérdidas.
Luego de la exposición de largo aliento presentada por Jhon Jairo Granada, los líderes comunales y del empresariado demostraron su animadversión ante las quejas de la empresa. Por lo cual, además, los comunales hicieron una advertencia precisa: “nos declararemos en desobediencia civil y pondremos los contadores en las puertas de sus oficinas. Ya nos cansamos de tanto abuso”.
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Un llamado de atención para Afinia
Frente a la situación de ánimos caldeados, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, tomó la palabra y fue enfático con Afinia: “en primer lugar, como decimos en el interior, aquí la cuestión es de actitud. Afinia tiene que cambiar el tonito y abrirse con las comunidades, tener una posición conciliatoria y dialogante para poder entendernos”, manifestó.
Asimismo, anunció una serie de propuestas que tendrá en cuenta para la próxima sesión de reunión, la cual no espera que sea “de tipo foro o para escucharnos hablar de lo mismo, sino una mesa de trabajo que empiece aplicando las medidas que permitirán que el problema en la región Caribe se resuelva”.
“Tenemos que ponernos manos a la obra. Mientras seguimos discutiendo, la gente sigue en condiciones precarias. Les quiero proponer tres bloques: primero, una agenda nacional de discusión en las que todas las partes dialogaremos sobre las deudas de las entidades territoriales. (...) debemos conocer la deuda total, porque no se va a saldar municipio a municipio”, explicó.
“Podríamos establecer una mesa regional de energía que discuta permanentemente alternativas para pagar las deudas acumuladas. En segundo lugar, saber dónde está invirtiendo en infraestructura la empresa. Socializar con los alcaldes y gobernadores lo que se está haciendo con miras a mejorar el servicio. Y, en tercer lugar, enfocarnos en la mejoría del servicio, y aquí le hago un llamado al gerente de Afinia a mejorar la actitud de la empresa con las comunidades”, puntualizó el ministro.
Gobierno asume la deuda
El ministro aseguró que el Gobierno Nacional asumirá la deuda: “el Gobierno Nacional se hará cargo de pagar la deuda de opción tarifaria a través de la banca pública, Findeter. (...) nuestra misión es estabilizar la tarifa en el Caribe con el objetivo de llegar hasta la transición energética, operando junto a las comunidades energéticas, pues, estamos convencidos de que lograrlo sí es posible”.
Por otro lado, atendiendo al llamado del empresario William Murra, quien pidió un enfoque especial en el tema de las pérdidas que la empresa le achaca a los usuarios, el ministro invitó a conocer la resolución 701 038 de 2024, mediante la cual se busca el desmonte de la opción tarifaria aprobada por el gobierno de Iván Duque en el 2020, a quien se le atribuye la responsabilidad de la crisis actual.