Este miércoles se reanudó el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leyva, marcado por la llegada de una testigo clave en medio de una controversia que afecta profundamente al Gobierno de Gustavo Petro. Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, fue citada para aclarar su papel en el escándalo de los pasaportes, en una audiencia presidida por el procurador Ernesto Espinosa.
Zamora, quien salió de la Agencia a finales del año pasado después de que el presidente Petro le solicitara la renuncia, apoyaba al entonces canciller Leyva en un caso de supuesto maltrato laboral. Además, se involucró en un asunto relacionado con la licitación de pasaportes adjudicada a la empresa Thomas Greg & Sons, lo que levantó aún más polémica.
El origen del conflicto data de un altercado en las instalaciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, donde Zamora habría sido víctima de agresión verbal por parte de funcionarios que, según las primeras versiones, no defendían los intereses del presidente. Lea aquí: Luis Gilberto Murillo seguirá en propiedad en el Ministerio de Relaciones Exteriores
La Procuraduría está indagando si Zamora enfrentó recriminaciones por su participación en el proceso de licitación de pasaportes. La audiencia también incluirá testimonios de posibles testigos del presunto maltrato que llevó a Zamora a presentar su renuncia.
El caso se complica con las acusaciones de Zamora sobre negociaciones sospechosas, incluyendo reuniones en un hotel en París con involucrados en la licitación. “Corren ríos, millones de pesos, debajo de todo esto”, afirmó Zamora, subrayando la gravedad y complejidad del caso.
Durante su testimonio ante la Procuraduría, Zamora relató cómo fue increpada por el entonces canciller Leyva. “Una demanda se demora mucho, primero me notifican en la tumba”, le habría dicho Leyva en un tono que ella describió como descompuesto y agresivo. Le puede interesar: Procuraduría prorrogó suspensión provisional al ministro Álvaro Leyva
El juicio no solo busca esclarecer estos hechos, sino también determinar las responsabilidades administrativas y legales en un proceso que ha generado gran expectación y debate en la opinión pública.
“Este es un proceso necesario para el país. Las personas no pueden quedarse sin pasaporte”, señaló Zamora, destacando la importancia de resolver estas controversias de manera transparente y justa.