Realizada la audiencia pública en el Concejo Distrital sobre el proyecto de Acuerdo que autorizaría al alcalde a obtener un crédito de 1,5 billones de pesos destinado a obras contempladas en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027, conviene que se empeñen los mejores esfuerzos para que no se repitan viejas frustraciones sobre obras inacabadas o no ejecutadas con préstamos millonarios.
Concordamos con la secretaria de Hacienda, María Camila Salas, en cuanto a que, como lo afirmó en entrevista concedida a este medio, si el Distrito tiene la viabilidad y goza de un buen momento financiero, es pertinente ejecutar la operación de crédito por el monto solicitado, pues la ciudad está reclamando, desde hace años, obras públicas que mejoren la estructura urbana y el relacionamiento de los cartageneros y los visitantes con la ciudad.
La recuperación de la calificación AA para Cartagena, por parte de Fich Ratings, indica que hay la capacidad para cumplir con las obligaciones del pago de la deuda que se contraiga con el crédito, con acceso a tasas de interés por debajo del promedio del mercado.
Los recursos del Estado, a diferencia de lo que ocurre con un padre de familia prudente, no están para dejarlos engordando en las cuentas bancarias; es todo lo contrario: resulta imperativo que los bienes estatales, incluido el dinero, se reinviertan en las comunidades con obras materiales estratégicas o en programas que mejoren el capital social y los valores ciudadanos, singularmente cuando se destinan a elevar la calidad de vida de la población más vulnerable o para promover el progreso y la productividad general.
Aunque la secretaria de Hacienda ha despejado en su entrevista los temores de una ciudadanía que no se acostumbra a que, como ha solido ocurrir, le esquilmen los recursos oficiales en proyectos inanes o en el peculado y el tráfico de influencias, es indispensable que se afinen los esfuerzos y las acciones preventivas para que la gestión y la inversión de esos cuantiosos recursos quede blindada financieramente y éticamente, de tal manera que no resulte en otra frustración que comprometería también a las generaciones futuras.
La administración Turbay tendrá que hacer su mejor esfuerzo para que las recomendaciones dadas por los expertos con miras a garantizar la transparencia y la correcta inversión y ejecución de los recursos en obras útiles, bien acabadas y en los tiempos acordados, se observen en los procesos de contratación que se emprendan.
De entre esas recomendaciones, las de amplia publicidad y acceso a la información para facilitar el control social antes, durante y después de ejecutadas las obras; las de correcta planeación de las inversiones y los proyectos; y la de asegurar la pluralidad de oferentes, tienen que emplearse para asegurar la pulcritud en la totalidad de la gestión radicada en cabeza de la administración distrital.