De conformidad con el Decreto 0267 de 2024, la Fiduciaria La Previsora sería la encargada de recaudar y administrar los recursos de la contribución por concepto de valorización que se cobrará a los predios que supuestamente están en la zona de influencia del proyecto vial Cartagena - Barranquilla y la Circunvalar de La Prosperidad.
Por tratarse de un fondo de recaudo de lo que serían las contribuciones por valorización, todos los actos y contratos que se suscriban para el cumplimiento del objeto de esta imposición tributaria, se regirán por las normas del derecho privado.
Aunque es obvio que se deberían seguir los principios que rigen la función administrativa, el diseño financiero y la destinación que el Ejecutivo puede darle a los recursos que se recauden de los contribuyentes, perfectamente pueden tomar una ruta distinta al proyecto vial Cartagena - Barranquilla, con lo cual el sueño de tener la doble calzada se esfumaría en nuestras narices, pues el Gobierno podría llevarse ese recaudo para financiar obras en cualquier otro lugar del país, lo que sería un despropósito.
En efecto, si el área de influencia para el cobro se definió a partir del supuesto beneficio que trae consigo la obra en predios en Cartagena y Santa Catalina (Bolívar), y en Atlántico a Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo, con una aplicación a más de 59 mil predios para recaudar cerca de 720 mil millones de pesos, suma que es solo la mitad de lo que se necesita para completar la doble calzada, ¿cómo es que esos recursos se podrían dirigir a otras regiones del país?
Es absurdo, también, que predios que nada tienen que ver con la Vía del Mar, y que no se han valorizado por su existencia, sean calificados como inmuebles destinatarios del referido cobro. Y es incomprensible el afán del Gobierno del cambio de iniciar este tipo de novedades justo en la Costa y, en singular con dos de las subregiones que más le aportaron a su elección, como son Bolívar y Atlántico.
No se entiende por qué, si desde estas provincias nadie se ha quejado, porque el centralismo destina recursos de la Nación para financiar proyectos en tantas regiones, incluida Bogotá (caso Metro), el Gobierno le niega a una vía nacional, existente desde hace más de 30 años, la esperada construcción y el mantenimiento en doble calzada de los 60 kilómetros que no están incluidos en la concesión Ruta Costera, indispensable para mejorar los niveles de servicio y seguridad, y el desarrollo turístico de la región. En suma, los vicios y despropósitos legales, técnicos y de concepción del anunciado cobro por valorización nacional, de seguro serán discutidos en la vía gubernativa y, necesariamente, por la vía judicial para evitar abusos de poder y el agravio injustificado que esta idea, nacida desde antes de la llegada del actual Gobierno, causaría.