El presidente Gustavo Petro, durante la reunión de ‘Gobierno con los Barrios Populares’ realizada en Barranquilla el pasado 8 de mayo, le dio la orden al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, de bajar las tarifas de energía. Asimismo, aseguró que las deudas de opción tarifaria debían ser asumidas por la Nación.
“Yo les imparto una orden, ministro (Andrés Camacho), bajen las tarifas eléctricas en Colombia. Si quieren busquen una fórmula intermedia con la mía, pero de aquí no sale un engaño en las tarifas de energía eléctrica para la población”, enfatizó presidente en su momento. Lea también: Gobierno Petro asumirá deudas de opción tarifaria para bajar tarifas de luz
Faltando un día para cumplirse el plazo que le dio el presidente al ministro, el Ministerio de Minas y Energías, a través de un comunicado, publicó el acuerdo para la ruta de reducción de los costos en las tarifas de energía.
“Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro en el que solicitó buscar los mecanismos para asumir como Estado el pago de los saldos de la opción tarifaria del servicio público domiciliario de energía eléctrica, los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las empresas del Grupo EPM (EPM, Caribemar - Afinia, Central Hidroeléctrica de Caldas, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresa de Energía del Quindío, Electrificadora de Santander) y la empresa Air-e, anuncian el acuerdo con la ruta que permitirá a la población colombiana (que reciben el servicio de esas empresas) beneficiarse de la reducción en los costos de su tarifa del servicio público domiciliario de energía eléctrica”, se menciona en el comunicado.
Minminas da a conocer la ruta acordada detallada en ocho punto:
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1. Se crearán los mecanismos para que el saldo de la deuda de la opción tarifaria para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, estimada en 2,7 billones sea asumida por la Nación.
2. El mecanismo inmediato de financiamiento a estas empresas será por medio de las líneas de crédito habilitadas por la banca pública, destinadas a financiar a las empresas comercializadoras de energía que tienen saldos de deuda de la opción tarifaria. Dichos créditos gozan de bajas tasas de interés (tasas de interés compensadas por el Gobierno Nacional -menores a las del mercado) y cuentan con períodos de gracia de hasta 12 meses.
3. De común acuerdo con las empresas comercializadoras beneficiadas con los desembolsos de las líneas de créditos de Findeter y otras entidades, estos dineros se reflejarán de forma progresiva en la tarifa de sus usuarios, teniendo en cuenta sus particularidades, disminuyendo el costo unitario de la opción tarifaría correspondiente a los recursos recibidos por el financiamiento, en tanto está vigente el periodo de gracia y las facilidades de los créditos que financien la opción tarifaría en plazos amplios.
De esta forma, los usuarios del país experimentarían un alivio en sus tarifas, que iría desde el 4% hasta el 20% del costo unitario de la prestación del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa prestadora del servicio, y proporcional al monto del crédito adquirido por éstas. El valor más representativo de este rango de porcentaje lo experimentarán los usuarios más vulnerables.
4. El Ministerio de Minas y Energía y la Creg expedirán una regulación especifica que permita el cobro diferenciado del costo por opción tarifaria entre los estratos beneficiados (1,2 y 3) y los que continúan pagando la totalidad de la deuda (4,5 y 6 industriales y comerciales). Así como la optimización del esquema actual de las garantías que respalda las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista.
5. Los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía presentarán el 20 de julio, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que permite al Estado asumir el pago de la deuda (con los criterios aquí descritos). Le puede interesar: “En la Costa también hay empresas que hacen sus ‘jugaditas’”: superintendente
6. Se adelantarán mesas de trabajo con las demás empresas que tienen saldos de opción tarifaria que aún no han realizado acuerdos, con el fin de lograr la disminución tarifaria y activar los mecanismos para concertar este alivio en los costos de energía a la población colombiana.
7. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará con el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar que las empresas de servicios públicos apliquen debidamente la normativa expedida en el marco del acuerdo.
8. Se continuarán las jornadas de trabajo con usuarios, empresas y agremiaciones, orientado a definir un esquema de disminución del costo de la energía para la población más vulnerable del país e identificar medidas adicionales como renegociación de contratos para garantizar energía más barata destinada a esos mercados como el del Caribe que representa cerca del 20 % de los hogares pobres. El objetivo es encontrar todas las medidas posibles que deriven en la disminución de las tarifas de energía eléctrica en el país.