Las quejas por las alzas en las tarifas y las malas prestaciones de servicios públicos en el Caribe no dan tregua. Cada día los usuarios manifiestan su inconformidad por las costos de las tarifas de la luz o porque se les va el agua, entre otros. El Universal entrevistó a Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien desde el ente encargado de vigilar, inspeccionar y controlar los servicios públicos se pronunció respecto a esta problemática y a la reforma a la Ley de Servicios Públicos. Lea también: Gobierno radicaría proyecto de reforma de servicios públicos el 20 de julio
“Es necesario hacerle reforma a la Ley de Servicios Públicos, porque el país en estos servicios se ha quedado atrasado. Hay tarifas que modificar y regular. Para ‘Basura Cero’ hay que hacer una adecuación normativa que facilite la introducción de nuevas tecnologías y de un nuevo modelo. Nosotros no podemos quedarnos con el modelo de rellenos sanitarios. Tenemos que trabajar para depositar residuos lo menos posible en los rellenos. Hay que cambiar las normas. El Estado tiene que pensar en esta situación y facilitar también la democratización, es decir, que las comunidades puedan organizarse de tal manera que puedan también ser empresarios. Aquí no se piensa acabar con la empresa privada, pero sí democratizar la prestación de los servicios públicos”, indició el superintendente.
Asimismo, se refirió a las competencias del ente en la vigilancia de los servicios de energía en la región Caribe, específicamente al alza de las tarifas. “El problema con las tarifas altas en el Caribe no es culpa de Afinia ni de Air-e, es un problema del Estado que viene de atrás. Antes de la Constitución del 91, de la Ley 142 del 94, decían que el Estado era inoperante, corrupto y deficiente; se privatizaron las electrificadoras que prestaban el servicio de energía en el Caribe y fue peor. El Estado hizo unos contratos de entrega a dos empresas que en mi criterio son los contratos ´leoninos’, es decir, que casi que se lo regaló con el fin de que hicieran unas inversiones y que le cobrarán las inversiones y las pérdidas a los usuarios. Pero ya estamos mirando eso con el presidente y Minmimas, desde hace un año; lo que pasa es que el problema es complejo, los empresarios no permiten que se cambien las normas. Las normas vigentes de regulación hacen que sea dilatoria una decisión que realmente obligue o produzca como efecto bajar las tarifas”, indicó.
Cabe mencionar que Quiroga hizo referencia al problema que se presenta en la ciudad con Aguas de Cartagena y la rotura de las tuberías. “Estamos haciendo algunas indagaciones sobre el problema que se presenta aquí con Acuacar. No puedo decir cuál es, pero sí hay una investigación que seguramente pronto se dará a conocer”. Le puede interesar: Gerente de Acuacar dice qué causó daño que tiene al 60% de Cartagena sin agua
Es de precisar que el superintendente aseguró que han detectado malas prácticas en empresas en perjuicio de los usuarios.
“En la Costa Caribe también hay empresas que realizan malas prácticas. Muchas veces al definir las tarifas, las empresas, casi todas, hacen sus ‘jugaditas’ para cargarle al usuario costos que no se han hecho. Tenemos algunos datos de casos en los que cobran inversiones para mejorar el servicio, cosa que a veces no hacen. Desafortunadamente, hasta la misma Superintendencia, que es la que ejerce la vigilancia y control, también ha sido deficiente. Parece que la Superintendencia hubiera sido hecha no para controlar y vigilar, sino para mantenerla entretenida en quejas y reclamos, mientras las cosas que son sancionables no se han detectado porque estamos atendiendo quejas. Estamos haciendo una investigaciones, pero hay contratos que han quedado de otras empresa, por ejemplo Electricaribe, que salen con contratos confidenciales, y cuando aparece ese contrato es que se puede hacer la vigilancia. Estamos viendo malas prácticas realizadas por muchos empresarios. Los servicios públicos pasaron de ser un derecho esencial y se convirtieron en un negocio. Hay que hacer la regulación pensando en los usuarios, y no solamente en el mercado”, concluyó.