La Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló pliego de cargos en contra del fiscal Mario Burgos, uno de los delegados del ente acusador ante el Tribunal Superior de Bogotá, por presuntas irregularidades en el proceso que adelanta contra Nicolás Petro, hijo del presidente, Gustavo Petro. Lea aquí: Rechazan suspensión del fiscal Mario Burgos: seguirá en el caso Nicolás Petro
El funcionario responderá en un juicio disciplinario por filtrar los videos del interrogatorio y de la captura de Petro, quien enfrenta una causa penal contra Burgos en Barranquilla, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Burgos fue señalado en total por tres cargos. Uno de ellos se relacionan con la cadena de custodia de elementos que solo él, como fiscal, conocía —como los videos filtrados—, y otro tiene que ver con presuntas presiones para que Petro negociara con la justicia.
El tercer cargo involucra al presidente Petro y a su abogado, Mauricio Pava. Según la Comisión de Disciplina, Burgos presuntamente adelantó actividades investigativas contra el mandatario, algo que no es competencia de la Fiscalía.
De acuerdo con el presidente de la Comisión, el magistrado Alfonso Cajiao, investigador contra Burgos, el fiscal ejecutó “presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás Petro para que declarara en contra de su familia” y obtuviera beneficios. Le puede interesar: Fiscalía imputará y pedirá cárcel para Nicolás Petro por presunta corrupción
Ahora el expediente pasará al magistrado Juan Carlos Granados, quien practicará pruebas para llegar a una decisión de fondo. El magistrado Cajiao pidió que se conozca “toda la verdad” en el caso de “las actuaciones presuntamente irregulares” de Nicolás Petro.
El abogado Ricardo Gaviria, defensor de Nicolás Petro en la etapa disciplinaria que sigue, afirmó que “no hay justificación posible” para que Burgos “haya omitido su deber de custodia sobre los registros de video” que fueron filtrados.
Tampoco hay justificación, dijo Gaviria, para que el fiscal “haya abusado de su autoridad de manera arbitraria e injusta para forzar a Nicolás a llegar a un acuerdo que atendía a intereses más políticos que jurídicos”.