En el marco de la acusación en contra de varios exdirectivos de la empresa Chiquita Brands, la Fiscalía General de la Nación pidió investigar a Álvaro Uribe y otros exgobernadores de Antioquia por presuntas omisiones que permitieron actividades ilegales de las Convivir.
“Se dispone compulsar copias para investigar a quienes durante el periodo 1997-2004 fungieron como Gobernadores de Antioquia por su omisión para ejercer el seguimiento y control a este tipo de Asociaciones de Vigilancia y Seguridad, entre otras la creación de comités de vigilancia y seguimientos departamentales y municipales, así como el otorgamiento de licencias a las mencionadas entidades, al parecer, sin el lleno de requisitos, entre ellos haberlos autorizado en zonas de conflicto interno”, dice el escrito de acusación en contra de 14 directivos de la Multinacional Chiquita Brans, la cual tuvo extensas plantaciones de banano en el Urabá Antioqueño.
El ente investigado indagó sobre un presunto plan de las Autodefensas Unidas de Colombia para expandirse en el país y a partir de 1996 se concentraron en conseguir el dominio del eje bananero que comprende los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo.
“Esta estrategia expansionista concordó y proliferación de las cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir, entes que bajo la fachada de ostentar licencias de funcionamiento legalmente expedidas y la necesidad de hacer frente a este flagelo social, se erigieron en vehículo o ropaje propicio de recelada legitimidad para cumplir los fines y objetivos de los actores armados”, dice el documento.
Según la Fiscalía, el frente Arles Hurtado, de las AUC, concertó el pago de 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada a cambio de seguridad en el Urabá, hecho al que se comprometieron varios empresarios mediante la firma de documentos escritos.
Ante estos hechos, el exgobernador Álvaro Uribe Vélez respondió a los señalamientos mediante mensajes publicados en su cuenta de Twitter:
“Más de 90 denuncias que formulé ante organismos internacionales; consejos de seguridad casi diarios, con Fiscalía, Defensoría y Procuraduría; correspondencia con militares; programa de comunidad en neutralidad activa; todo entregado a la Corte, demuestra que no hubo omisión. No obstante que yo como gobernador no tenía la competencia para vigilar las Convivir procedí en dos casos a cancelar la personería jurídica. La competencia de vigilancia era de la Superintendencia. Las apoyé porque creo en la necesaria cooperación ciudadana con la Fuerza Pública”, escribió el expresidente.