Este 8 de junio el movimiento estudiantil en Colombia conmemoró el Día del estudiante caído, que tuvo su origen en el asesinato a mansalva del estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Gonzalo Bravo Pérez, quien participaba de una marcha de protesta por la masacre de las bananeras, y el nombramiento como Jefe de Policía de Bogotá, nada menos que al Teniente Carlos Cortés Vargas, el mismo que ordenó disparar contra los huelguistas de la United Fruit Company ese aciago 6 de diciembre de 1928. 25 años después, en el curso de una movilización conmemorativa de esta fecha luctuosa, el 8 de junio, fue asesinado alevemente el estudiante Uriel Gutiérrez y al día siguiente 11 más fueron víctimas fatales de la represión por parte de la fuerza pública.
Esta fecha es la ocasión propicia para volver sobre la autonomía universitaria, hoy en grave predicamento, como una de las conquistas más preciadas del movimiento estudiantil colombiano, que se inspiró en el Manifiesto de Liminar de la Universidad de Córdoba (Argentina), proclamado el 12 de junio de 1918, en el cual se enarbolaron las banderas de la autonomía universitaria y el cogobierno como principios fundantes de los claustros universitarios. En Colombia se venía gestando el movimiento en pos de la autonomía universitaria desde 1904, pero fue solo en 1922 cuando se realizó en Medellín el primer Congreso Nacional de Estudiantes, el cual giró en torno de dicho manifiesto, divulgado, promovido y promocionado por el reputado escritor e historiador Germán Arciniegas.
Y fue durante el Gobierno progresista de Alfonso López Pumarejo cuando se dio el primer paso reivindicativo de la autonomía universitaria en Colombia, al expedirse la Ley 68 de 1935, mediante la cual se promovió una gran reforma universitaria. Al entrar en vigencia se recompuso la integración de los consejos directivos de las universidades públicas, hoy consejos superiores, dándoles participación paritaria de los estudiantes y profesores, elegidos por ellos, en los mismos, con cuatro representantes de 9 miembros que hacían parte de los mismos.
No obstante, con la caída de la hegemonía liberal y el advenimiento del conservadurismo en la conducción de los destinos nacionales estos avances se revirtieron, empezando por el desmonte de la participación de los estamentos universitarios en los órganos directivos de las instituciones de educación superior. Siendo presidente de la República el conservador Laureano Gómez, al amparo de la declaratoria del Estado de Sitio y en uso de las facultades extraordinarias con las que quedó investido, se modificó la Ley 68 de 1935 y reintegró los consejos directivos menguando la representación de los profesores y estudiantes, que pasó de cuatro a solo dos y los dos restantes fueron reemplazados por delegados de la iglesia católica.
La lucha del estudiantado demandando la autonomía universitaria siguió sin solución de continuidad, alcanzando su clímax en la gran gesta del Movimiento Estudiantil de 1971, el cual en un encuentro nacional que tuvo lugar el 13 y 14 de marzo, con la participación de 30 universidades, aprobó el Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, el cual contempló como primer punto la Autonomía de la universidad y el cogobierno, integrando los consejos superiores única y exclusivamente con representantes de los estamentos universitarios. ¡Y lo logramos cuando el entonces ministro de Educación, Luis Carlos Galán Sarmiento, expidió el Decreto 2070!