Se valora el esfuerzo que la administración distrital, sobre todo por intermedio de la secretaria de Turismo, Teremar Londoño, está haciendo para disminuir la accidentalidad en Cholón y en otros sitios costeros de la ciudad. Lo que se haga es poco frente a los retos que supondría transformar estos sitios en destinos seguros para residentes, visitantes y nativos en la zona insular de Cartagena.
También se valora el esfuerzo que hacen las autoridades nacionales, como la Dimar (Capitanía del Puerto), Guardacostas, Armada Nacional, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y los consejos comunitarios con sus constantes acciones para evitar nuevos incidentes.
Claro que es sustancial ampliar la señalización y hacer inversiones en infraestructura que delimiten la zona de bañistas de la zona para motonaves, incluida la construcción de al menos un embarcadero o muelle seguros para el zarpe y llegada de pasajeros y tripulantes.
Claro que todos los actores del turismo insular están obligados a prevenir la ocurrencia de accidentes, a observar las normas y a prestar buen servicio a sus clientes.
Pero nada de esto resolverá el problema de fondo, que es el modelo de explotación turística que se permitió, en general, en la zona insular de Cartagena.
Sabemos que el índice de accidentalidad de embarcaciones menores y mayores es bajo si consideramos que Cholón es uno de los parajes más concurridos del Caribe colombiano; sin embargo, concordamos con la secretaria de Turismo en cuanto a que las líneas de boyas temporales no bastan y la meta es reducir a cero los niveles de accidentalidad marítima.
Las dolorosas muertes de Juan David Cervantes este domingo 2 de junio y de Valentina González el 30 de noviembre de 2019, en Cholón, que se suman a más accidentes sin consecuencias fatales, pero sí con huellas en las vidas de quienes los padecieron, señalados en su momento como muy previsibles por el caos que se observa allí, muestran el riesgo grave al que se someten quienes concurren a disfrutar de ese hermoso entorno natural, en franco deterioro, y de las consecuencias que padecen los marineros, tripulantes, administradores y propietarios de embarcaciones y negocios destinados al transporte de personas y cosas hacia o desde la zona insular.
Por ejemplo, los temas de seguridad en el mar, asunto que está regulado con normas universales generalmente aceptadas, no tendrían que estar sujetos a la realización de consultas previas, pues tienen que ver con la vida de las personas. Cuando un individuo sufre heridas o muere debido a accidente en el mar, en el área de un balneario turístico en jurisdicción de una ciudad como Cartagena, y resulta de un hecho que no ocurre por primera vez o que no es infrecuente, hay clara falla en el servicio por parte del Estado, que se hace corresponsable del daño infligido a la víctima o sus deudos. Como insistimos en que el problema es el modelo, el tema merecerá más desarrollo.