Está bien que la Fiscalía y demás autoridades judiciales y del Ministerio Público cuenten con instrumentos legales para propiciar que los delincuentes, singularmente los de cuello blanco, develen la identidad de sus cómplices, coautores y autores intelectuales en el iter crimen de sus ‘pilatunas’ oprobiosas.
Los colombianos hemos visto pasar por las audiencias de esos despachos a imputados y autoincriminados de delitos contra la moralidad y el patrimonio públicos, aprovechando el principio de oportunidad para disfrutar de beneficios judiciales, preferiblemente la inmunidad total, por entregar una matriz de colaboración consistente y suficiente para facilitarle, a los funcionarios judiciales, la pronta conclusión de procesos por la debida identificación de todos los responsables.
Pero queda en el ambiente lo conveniente que les resulta a algunos de los encartados solo revelar esas identidades, quién sabe en qué casos completas o medias verdades, para liberarse de la horrible experiencia de padecer una larga detención o una condena intramuros.
El presidente Gustavo Petro recientemente le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, no otorgar beneficios jurídicos a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, investigados por la trama de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), salvo que restituyan toda la plata sustraída del erario.
Aun cuando en algunos sectores de opinión no cayó bien esa solicitud presidencial, porque supuso una intromisión en los asuntos propios de la Rama Judicial y, por ello, a la independencia entre Ramas del Poder Público, y eventualmente una forma de interferir en el ánimo del funcionario de conocimiento del caso concreto, o de influir en el destino de los posibles acuerdos de desvelación, es claro que resulta chocante que los presuntos responsables que aspiran a recibir los beneficios por colaboración, no se hayan detenido a prometer devolver hasta el último centavo que llegó a sus bolsillos por cuenta de los actos defraudatorios que han escandalizado al país.
Concordamos con el presidente Petro en que las decenas de miles de pesos deben ser devueltos al Estado. Es impúdico que los encartados puedan disfrutar de las concesiones que la legislación penal les concede a los colaboradores, pero que puedan seguir empleando parte o todos los recursos que le arrebataron a las arcas que les fueron encomendadas, para el servicio de los gobernados.
Por supuesto que hay casos de malversación de fondos públicos tan menores que no puede esperarse reembolsos importantes; pero en este, de los carrotanques y otros programas que estuvieron a cargo de los citados personajes, en donde las defraudaciones suman cifras exorbitantes, dejar en segundo plano la recuperación de buena parte de los montos saqueados resulta ofensivo a la más básica justicia.