En el editorial de ayer comentamos sobre el esfuerzo que la administración distrital, la Secretaría de Turismo y otras autoridades locales y nacionales están haciendo para disminuir la accidentalidad en Cholón y en otros sitios costeros.
Sin embargo, por el actual modelo, los sitios de turismo con acceso al mar en la zona insular son territorio donde no se aplican las normas comunes de convivencia, policía y control de riesgos, y en los que el Estado, en sus facetas nacional y local, no tiene, en la práctica, ni jurisdicción ni competencia, pues resultan subsidiarios al sistema que allí rige.
En efecto, bajo el régimen que se ha impuesto por cuenta de las interpretaciones que se han hecho de los fallos de las cortes, sobre el derecho a la consulta previa, a la autonomía y a la libre determinación de las comunidades raizales, cualquier decisión o determinación que resultare procedente en territorios en donde concurran consejos comunitarios, debe ser consultada con sus miembros y con quienes estos representan.
El corolario de estas interpretaciones ha llevado a que desde los entes públicos, históricamente, encuentren la mejor excusa para no hacer nada y dejar que las comunidades nativas asuman el control de sus vidas sin acompañamiento estatal, cediendo a los agentes privados que desean o planean ejecutar proyectos industriales, comerciales, mineros, turísticos y, en general, empresariales, a que arriben a acuerdos con tales comunidades, ante las que se obligan a destinar recursos en proyectos u obras que de otra manera estarían a cargo del erario.
Los líderes de estas comunidades han percibido que la única oportunidad de inversión en sus territorios deriva de las consultas previas, y que el Estado, renuente a cumplir sus funciones allí, no merece ni atención ni respeto, con lo cual, es un ente inservible e innecesario, cuya calificación inmediata es que carece de legitimidad para concurrir a imponer soluciones que son vistas solo como restricciones al libre desarrollo de la autodeterminación de las comunidades.
Por supuesto, el modelo de desarrollo turístico que se ha impuesto, respaldado indirectamente por muníficos fallos de las cortes, carece de cualquier nivel de control, y se sustenta en la extrema libertad de hacer y ofrecer, sin consideración a los estándares básicos de buenas prácticas internacionales de la prestación de bienes y servicios.
Mientras esa sea la línea que persista en la práctica, bienvenidas todas las iniciativas que con tan buena fe se despliegan desde las dependencias oficiales; pero es claro que no resolverán el problema de fondo, que es el referido modelo de explotación turística y, por qué no decirlo, de interrelación con los voceros de las comunidades raizales y el sistema de descontrol que lenta, pero perceptiblemente, se ha asentado en sus territorios.