Desde hace años distintos sectores sociales vienen reclamando una nueva estructura orgánica de la administración distrital. Como aquí se ha dicho en otras ocasiones, hay que dignificar el trabajo que realizan los empleados públicos y trabajadores oficiales.
También mencionamos que hay que actualizar, de cara a los retos futuros, las funciones de los distintos cargos en relación con las necesidades de una ciudad que ha estado signada por sucesivas crisis institucionales, lo que, junto a la corrupción, la falta de rigor, el fraccionamiento y la exclusión social, han sido la carga definitoria de su atraso y división.
La abundancia de órdenes de prestación de servicios (OPS) con las que hay que suplir las falencias en la prestación de los servicios a cargo de la municipalidad, muchas de estas asignadas -para favorecer el apetito burocrático de las casas políticas o para complacer a amistades o para cumplir compromisos de campaña- a personas que carecen de las competencias o habilidades concretas para el ejercicio de sus funciones, pero muchas otras, de seguro que la mayoría, para mantener vinculados a tantos de los mejores y más veteranos servidores con los que cuenta la administración de la ciudad, quienes por años han laborado para el Distrito, símbolo de un Estado tramposo que utiliza la figura de las OPS para birlar sus derechos laborales.
Durante la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Distrital, que va hasta el 31 de julio, el alcalde anunció la decisión de reestructurar administrativamente al Distrito, dirigido a la modernización, con lo cual desaparecerían algunas dependencias oficiales.
Las secretarías de Movilidad, de Seguridad y de Cultura y Deporte reemplazarían al DATT, Distriseguridad, Ider e IPCC, respectivamente; en tanto que de Participación y Desarrollo Social dividiría sus funciones entre la de Desarrollo Social y el Instituto Comunal. De otra parte, se crearía la Secretaría de la Mujer.
El alcalde se ha comprometido a no aprovechar esta iniciativa para provocar una masacre laboral o para engrosar la burocracia. Sería imperdonable que no se empleara para mejorar la eficiencia administrativa mediante la reubicación y concentración de tareas y responsabilidades que están esparcidas confusamente entre distintas dependencias, sin un enfoque integral que maximice los talentos y recursos públicos en beneficio de los ciudadanos.
Es cardinal que el alcalde mantenga su palabra en que esta iniciativa no se convertirá en una oportunidad para discriminar a quienes no estuvieron en su campaña electoral, pues los factores que deberían orientar las decisiones que habrán de tomarse deberían ser técnicos, de tal manera que solo tendría que prescindirse de los servidores que no tengan vocación de servicio o carezcan de interés en cumplir con sus funciones.