Es conveniente que sea el presidente de la República, más que terceros intervinientes que se han atribuido la vocería de lo que el Ejecutivo piensa y quiere en relación con la propuesta de constituyente, quien precise al país para dónde van los movimientos del Estado sobre un tema del que sólo se percibe improvisación y opacidad.
No puede ser que terceros al Palacio de Nariño, como ocurre con el excanciller Leyva y el exfiscal Montealegre, sean quienes perfilen, con confusas diatribas, el destino de lo que tendría que hacer el Gobierno para lograr propósitos que exigirían soluciones extra constitucionales.
El país, en tema tan sensible, no puede seguir navegando en aguas oscuras. La incertidumbre se torna en enemiga del progreso y la prosperidad general cuando se convierte en norma o, peor, en estrategia.
Hace solo tres meses, el presidente lanzó la idea de convocar una Asamblea Constituyente para implementar sus reformas sin contar con el Congreso. La propuesta, que no tuvo acogida sino en escasos sectores políticos, un mes después tuvo que ser matizada por una nueva idea, la de convocar un referendo, para hacer concordantes al “cánon constitucional” varios temas que se llevarían al diálogo en un Acuerdo Nacional, tales como el cumplimiento de puntos centrales del acuerdo con las Farc, más reformas como las de la política, la justicia, las pensiones, la salud y el trabajo, rematando con una de perdón social.
En todo caso, las propuestas, sea cual fuere el mecanismo que finalmente se escoja -el Gobierno parece no tenerlo claro aún-, parte del concepto de “poder constituyente”, doctrinalmente utilizado para explicar aquel poder originario o fundante que está antes de la confección de una constitución, que es el pueblo soberano quien se la da a sí mismo, y que solo le cede su desarrollo a los “poderes derivados o constituidos”, como los parlamentos y los órganos colegiados en las provincias, solo después de que la primera o inicial constitución haya sido aprobada.
Es una falacia que los acuerdos con las Farc contemplen como requisito de su implementación una constituyente. Lo que la norma citada por el excanciller Leyva señala es que para consolidar las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional es necesario convocar a todas las fuerzas vivas a un gran Acuerdo Político Nacional para definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande.
El presidente se comprometió a liderarlo, pero no lo ha hecho. Para ello se requiere un tono y compromiso espiritual en quien lidera a la nación, compromiso anímico fundamental, constituyente y generoso, para liderar un diálogo abierto, sin exclusiones odiosas que solo provocan resentimiento y fraccionan al pueblo.
Ese gran Acuerdo Político Nacional lo seguimos esperando los colombianos.