El próximo lunes, en Consejo de Ministros, las entidades del Estado deberán priorizar su ejecución presupuestal para lo que resta del año, luego que el Ministerio de Hacienda decidiera “efectuar un bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN)”.
Así lo reveló este viernes el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, en la última jornada de la 58 Convención Bancaria que culminó anoche en esta capital. (Lea aquí: Hay un “alejamiento” de la relación de EE.UU. con Centro y Suramérica: Pence).
Tras la priorización prevista para este lunes, al día siguiente se expedirá un decreto y el presupuesto queda liberado, y las entidades podrán pedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
Esta decisión se toma luego de la caída de los recaudos tributarios en 6,5%.
Bonilla señaló que con la medida se busca hacer un ajuste en el PGN por 20 billones de pesos en reducción de gastos. Precisó que en el ajuste hay unas líneas rojas. “El ajuste no puede ir a los gastos sociales, ni a los programas de Gobierno”.
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La deuda por concepto de Opción Tarifaria en todo el país es de 4,7 billones de pesos, pero a los estratos 1,2 y 3 son 2,8 billones de pesos y esta última cifra es la que va a asumir el Gobierno
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
Los momentos
La decisión -dice el ministro- tiene dos momentos: un primer momento, hace 2 días, el Ministerio de Hacienda suspendió la emisión de nuevos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) hasta tanto las entidades prioricen qué es lo que van efectivamente a ejecutar y organizar su gasto, y no pedirlos solo para coger presupuesto.
Un segundo momento permitirá identificar dónde estará el ajuste de los 20 billones de pesos, qué le corresponderá a cada sector, en concertación de las distintas entidades.
La primera medida frente al diésel debe salir antes de 15 días y es incrementar el precio a los grandes consumidores de ese combustible”:
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
El Gobierno aclaró que “los bloqueos parciales y temporales se realizan sobre aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha NO tienen Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedidos”.
Todas esas medidas, según Minhacienda, se toman “en espera de que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024 y se puedan liberar paulatinamente estas apropiaciones”.
Un comunicado del Ministerio de Hacienda señala que “la decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no afecta el normal funcionamiento del Estado ni compromete el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales ni contractuales. Finalmente, el Ministerio de Hacienda recalca que el PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) funciona a buen ritmo y NO está suspendido”.
Gobierno asume deuda de Opción Tarifaria
El ministro Bonilla también anunció que el Gobierno nacional asumirá una deuda que se heredó de la pandemia: la Opción Tarifaria, lo que beneficiará a los usuarios del servicio de energía de los estratos 1, 2 y 3, en especial los departamentos de la Costa Caribe colombiana.
Para ello llevarán al Congreso un proyecto de ley este 20 de julio para que permitan tener el mecanismo de cómo se va a pagar. Anticipó que seis empresas comercializadoras, entre ellas Afinia y A-ire, acordaron que van a asumir recursos que están autorizados en el Plan de Desarrollo, en Findeter, para que esa financiera les entregue plata a manera de deuda de crédito, con tasa compensada. A-ire ya recibió esa plata y Afinia recibirá el desembolso el próximo martes. En el Plan de Desarrollo se autorizó $1 billón y un segundo billón de pesos está pendiente por autorizar y que saldría en 15 días. Esos recursos tienen un periodo muerto de un año y por ello se les pide a las comercializadoras bajen esos costos de la tarifa ya, para que se genere el alivio a los hogares consumidores, al final el Gobierno terminará pagando la deuda a Findeter. Bonilla dijo que la deuda por Opción tarifaria es a este momento del año es 4,7 billones de pesos, pero estratos 1, 2 y 3 son $2,8 billones y esta última cifra es la que asumirá el Gobierno Recordó que “fue una medida tomada en periodo de pandemia diciéndole a los consumidores y a las comercializadoras que tomarán la opción de pagar una tarifa baja y no cubrir los costos totales y que algún día alguién se los iba a cobrar. El problema es que las comercializadoras ya se lo están cobrando a los usuarios y eso tiene seriamente lesionados el presupuesto familiar, especialmente en la Costa Caribe, donde A-ire y Afinia están cobrando esa Opción Tarifaria”, señaló. (Lea aquí: “La economía colombiana está pasando por un mal momento”: Mauricio Santamaría).
Subirán precios del Diésel
Los precios del diésel o ACPM, que desde hace 4 años y cinco meses no se tocan, tras su congelamiento, empezarán a reajustare en 15 días, reveló ayer tarde en Cartagena el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Ese congelamiento representaba que el Gobierno asumía la diferencia del precio internacional frente al nacional, señaló el ministro. Los primeros impactados con la medida serán los llamados grandes consumidores, estos son empresas organizadas que tienen una cadena logística completamente diferente, que no van a las bombas de gasolina, se tanquean de otra marea y representan a los sectores petrolero, carbonero, minero y otros menores; y en el sector de la agricultura, el único que utiliza el diésel masivamente es el cañicultor, para alimentar los trenes cañeros.